El
veto presidencial otorga al Ejecutivo de una nación el poder de parar o
cuestionar las decisiones sobre las leyes que los legisladores, en su completa
potestad democrática, aprueban. Además, el veto puede ser parcial o total. Sin embargo,
el cuerpo legislativo, en teoría, debe reformular lo que ha sido vetado. Esta práctica
es casi universal, no obstante, rara vez se ejecuta a cabalidad.
Dentro
de la Constitución del Ecuador, el artículo 72 promulga: “Si el pleno de la
Asamblea aprueba el proyecto de ley interpretativa en segundo debate con la
mayoría absoluta de sus miembros, la presidenta o presidente de la Asamblea
Nacional ordenará su publicación en el Registro Oficial”. Sin embargo, la
interpretación de la Constitución se torna ambigua, pues el Primer Mandatario
no acepta el simple deber de parar las decisiones y resta protagonismo a la Asamblea,
y por ende, a su líder, el presidente.
La
hegemonía ejecutiva se ampara en el artículo 147, donde se establece que dentro de sus atribuciones está el
sancionar los proyectos de ley aprobados por la Asamblea Nacional y ordenar su
promulgación en el Registro Oficial. Pese a esto, las atribuciones del
presidente van más allá, no solo sanciona, también creer tener el derecho para
reformular los textos ya aprobados, incluir texto a su voluntad y vetar
totalmente una ley.
De
esta manera, la práctica unilateral del mandatario traspasa los límites de su
función y lo coloca como colegislador. La pregunta es: ¿Es presidente,
colegislador o dictador? Vargas Llosa, en el artículo La dictadura perfecta
hace alusión a la Santísima Trinidad, al referirse a la instauración de la
voluntad de un Todo Poderoso. El PRI en México es el foco político y social;
asimismo en Ecuador, lo que no es “Alianza País”, igual servirá para perpetuar
el correismo, es decir los opositores prestan demasiada atención a la buena o
mala administración gubernamental haciendo de la gestión presidencial el centro
de la opinión pública.
El
ejemplo más claro es la Ley de Comunicación, que dicho sea de paso, va varios
años en fila de espera. Incluso cuando en el pleno, con 59 votos a favor y 5 votos en contra por parte de Alianza País, la aprobación de la ley se postergó.
En ese punto, la ausencia de autoridad fue evidente, la decisión legislativa no
es más que el patio trasero del gobierno, y cuando de decisiones se trata, el
mandato presidencial es la última palabra.
La
dictadura perfecta usa máscaras, a veces las llama democracia y otras, directamente
las denomina vetos; sin embargo, siempre bajo el lema de una libertad política,
económica y social. ¡La Patria ya es de
todos! Especialmente de todos los convencidos, y los que no, se exponen a que
el liderazgo correísta opaque su papel en la sociedad.
